De repente, a muchos podría parecerle que apenas han transcurrido unos cuantos años desde aquel amargo 31 de diciembre, pero, la realidad es que ya ha llovido durante un cuarto de siglo. Hoy resulta pertinente preguntarnos: ¿hasta qué punto, tanto las autoridades gubernamentales como otros sectores de nuestra sociedad, habrán asimilado la lección que aquella dura experiencia nos dejó? Por tanto, no sólo para conocimiento de las nuevas generaciones, sino como repaso para aquellos que tienen la responsabilidad de velar porque historias como esta no se repitan, vale la pena recordarla. Y estas fechas resultan oportunas para hacerlo.
Exactamente a las 3:45 de la tarde, en el área de las calderas y la cocina, situadas en el sótano del Hotel Dupont Plaza, imponente edificio enclavado en la céntrica Avendida Ashford en la zona del Condado, una de las áreas turísticas más exclusivas de nuestra ciudad capital San Juan, cobró fuerza uno de los incendios más espantosos que registra la historia americana contemporánea. Comparable al que redujo a escombros al Hotel Winnecof, en Atlanta, Georgia, en 1946 – reclamando las vidas de 119 personas – y al que se suscitó en el MGM Grand Hotel & Casino – donde posteriormente se levantó el Bally’s Las Vegas – en la llamada Capital Mundial del Juego y el Pecado, el 23 de noviembre de 1980. Esta segunda tragedia dejó un saldo fatal de 85 víctimas, la mayoría muertas por inhalación de humo. En ambos casos, se atribuyó a fallas del sistema eléctrico la causa de los siniestros.
La gran diferencia entre aquellos dos desgraciados episodios y el que nos tocó vivir en Puerto Rico fue que el de aquí no fue consecuencia de circunstancias fortuitas, sino un aborrecible acto criminal fomentado por líderes del sindicato entre su matrícula contra la empresa, sin haber medido las proporsiones del posible resultado. Sencillamente, la acción se les fue de las manos. Oficialmente, perecieron 97 personas y 140 personas (muchas quemadas y otras intoxicadas) colmaron el Centro Médico de Río Piedras generando el inevitable caos en dicha institución.
La mayoría de las víctimas fueron turistas norteamericanos y canadienses. Se dice que casi todos ellos se encontraban en el Casino y no pudieron escapar ante las exhortaciones de desalojo, pues las puertas de este salón de cerraron de inmediato dizque “por razones de seguridad”. De las cerca de 70 personas reunidas allí, entre visitantes y empleados, menos de diez lograron salvarse. Porque, en cuestión de muy corto tiempo, en cada rincón de la hospedería se hizo presente la desesperación, la histeria y la muerte.
Hacía varios meses que, entre el gremio que agrupaba a los cerca de 300 empleados, específicamente la Unión de Tronquistas / Local 901, entonces presidida por José E. Cádiz Ayala, y la gerencia del Dupont Plaza, encabezada por Brook Thompson, se encontraban en un tranque en la negociación de un nuevo convenio colectivo, alegadamente por las exigencias del referido sindicato. Y, justo en tempranas horas de la tarde de aquel día, en el Ballrom y con la asistencia de 125 unionados más sus dirigentes, se había celebrado una nueva reunión encaminada a llegar a algún acuerdo con la plana administrativa de la hospedería, propiedad de un consorcio californiano. Aquella reunión culminó sin resultado satisfactorio a eso de las 3:40 PM. La principal condición que planteaba la gerencia para ceder a los reclamos de los tronquistas era reemplazar a 60 miembros del gremio por personal no afiliado al mismo.
Cinco minutos después, más o menos, tres unionados, liderados por Héctor Escudero Aponte, pusieron en acción su macabro plan. De acuerdo con la investigación policíaca, tras uno de los paneles removibles con que se ampliaba o se reducía el Ballroom conforme a la necesidad del momento, el referido colocó un latón de combustible inflamable, aportado por su cómplice Armando Jiménez Rivera. Y, junto al tercer secuaz, José Francisco Rivera López, ambos aguardaron por el resultado final de aquella reunión. Así que la cuestión era asomarse y encender la mecha si el resultado de la negociación no les complacía. Las llamas originadas en el área del Ballroom se propagaron rapidísimamente, siendo en el área de las calderas donde el fuego se agigantó, generando el pánico y la consabida estampida hacia la calle. Un detalle que trascendería más adelante da cuenta que uno de los responsables de la catástrofe, Jiménez Rivera, había sido visto, como abnegado buen samaritano, colaborando en el rescate de atrapados desde la azotea.
La investigaciones realizadas tanto por las autoridades estatales como federales lograron establecer vinculación directa del conflicto obrero-patronal con el diabólico acto, a pesar de que los líderes tronquistas negában tal hecho. De paso, condujeron al ajusticiamiento y convicción de los tres incendiarios. De ellos, el cabecilla Héctor Escudero Aponte es el único que permanece cumpliendo condena en una prisión norteamericana. Para suerte de Jiménez Rivera y Rivera López, el Gobierno se cansó de mantenerlos, por lo que puso en libertad al primero en 2001 y, al segundo, en 2002. Acción que indignó a familiares de las víctimas, pues de haber cometido su barbaridad en Estados Unidos, hubieran merecido la pena capital, la cual se quedaría corta al compararse al daño que ocasionaron.
Hoy, a 25 años de aquel negro capítulo de nuestra historia, otro dato relacionado permanece sobre el tapete: se trata del caso de demandas más prolongado que duerme en nuestro sistema judicial. Las reclamaciones sobrepasan los $2 billones. ¿Cobrará alguien algún día?
• Causa: conflicto obrero-patronal.
.Víctimas: turistas, visitantes inocentes a nuestros conflictos de clase.
El Puerto Rico de hoy esta al borde del colapso y hay que prevenir que tragedias similares se repitan. Las tasas de desempleo, de delitos y crímenes, así como el costo de vida se han disparado. La politiquería, no la política, ha impactado de manera negativa todos los renglones sociales. Si el sector gubernamental de un país no respondiera a intereses particulares o debiera favores en su camino, podría administrar objetivamente y evitar que los conflictos de clases se recrudezcan.
Por primera vez en décadas se atentó contra la figura del primer mandatorio de nuestro País – caso de Roberto García López «Tipo Común», quien descargó su descontento lanzándole el famoso huevazo a Luis Fortuño – y eso es un síntoma peligroso que debe analizarse. De otra parte, las matrículas sindicales deben ser un instrumento de cambio social y no un lucrativo negocio. El sueño de justicia social predicado e impulsado por Santiago Iglesias Pantín (1872-1939) y otros próceres se ha echado al olvido. La bella, pero muy dura, historia del sindicalismo ha dado paso a que este movimiento se haya convertido en guarida de intereses personales. Todavía existen algunos líderes muy dignos, pero han sido muchos los que han tenido que enfrentar la justicia por ladrones. Los sindicatos surgiron como centros pro defensa de los obreros, no como empresas particulares, voraces e insaciables en el empeño de atraer más dinero a sus arcas a través de las cuotas de sus representados enarbolando el ya trillado reclamo de “derechos” y que, a la corta o a la larga, termina pagando el pueblo sin recibir mayor beneficio. Es responsabilidad del Gobierno adoptar medidas que permitan una sana convivencia.
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