San Juan – Tres meses antes de declarar la “emergencia energética” en julio de 2010, el gobierno de Luis Fortuño creó el antídoto para tal emergencia a un costo de $9 millones al encomendar el diseño del gasoducto a la empresa Ray Engineers en abril.
El anuncio lo hizo el doctor Arturo Massol Deyá, de Casa Pueblo de Adjuntas, quien presentó evidencia de al menos $22 millones de dólares en contratos registrados en la Oficina del Contralor destinados, según denunció, a preparar el “montaje” de la llamada “emergencia energética”, la cual fue extendida este miércoles por ambas cámaras legislativas.
El “montaje” fue preparado desde el año 2009 cuando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comenzara la contratación de servicios técnicos con empresas para “armar” la propuesta de Vía Verde la cual es la causa principal para el decreto de la supuesta “emergencia energética”.
“Este gobierno no nos puede decir que meses antes de decretarse una emergencia, encarga el diseño de un tubo de 92 de millas como única solución de la emergencia futura. Es como si yo te dijera meses antes, ‘haz el diseño de un huevo que yo me encargo de decretar la creación de la gallina’”, explicó Massol-Deyá.
Los contratos por $22 millones contraídos con la AEE son relacionados con servicios técnicos de ingeniería, publicidad y consultoría ambiental, entre otros.
La extensión de la “emergencia energética” por parte de la legislatura se aprobó, de acuerdo con Massol Deyá, “de manera retroactiva para legalizar la firma de un contrato ilegal por $700 mil dólares el pasado 24 de enero con Ray Engineers, cuando ya estaba expirada la pasada ‘emergencia energética’ decretada por Fortuño”.
“Dicha extensión lo que permite es atropellar procesos de evaluación, subasta y contratación de entidades privadas, cuyos beneficiarios, como Pedro Ray, son y han sido parte y han tenido acceso privilegiado a la información del proyecto del gasoducto propuesto por el gobierno”, afirmó quien es miembro de la Comisión Científica y Técnica de Casa Pueblo, cuerpo que presentó cuatro informes que revelan inconsistencias insalvables en el diseño y manejo de la llamada “Vía Verde”.
Pedro Ray Chacón, presidente de Ray Engineers –empresa contratista de Vía Verde–, fue miembro de la Junta de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) hasta octubre pasado y quien es o fuera miembro de la junta del Banco de Desarrollo Económico (BDE).
Algunas empresas beneficiaras del montaje, y que mantienen contratos vigentes relacionados con Vía Verde, son Ray Engineers con casi $10 millones, Ballori y Farré con cerca $4 millones, New Star Acquisitions Group con $500 mil para tareas de expropiación de familias, UNIPRO con $6 millones para el manejo del proyecto y representación de la AEE durante la fase de construcción y Asesores Ambientales y Educativos con $2 millones del consultor ambiental Yousev García, corporación registrada, sospechosamente, como una sin fines de lucro.
La AEE ha mantenido bajo secretividad el monto parcial y total de todos los contratos relacionados con el gasoducto.
De otra parte, Massol Deyá reveló que la esposa de Edward Zayas, de apellido Casta Frías, fue contratada por la agencia Ballori y Farré para que se encargara de la campaña publicitaria de Vía Verde, justo en el verano cercano al decreto de la “emergencia energética”. Dicha contratación fue descrita por el profesor de la UPR de Mayagüez como una movida de “colocación estratégica” de familiares cercanos a la Fortaleza para el montaje y publicidad del millonario y peligroso gasoducto.
El ingeniero Alexis Massol González, director de Casa Pueblo, ripostó que el proyecto de la “Vía Verde” tildándolo de “alternativa deshonesta y anti-científica” y exigió al Gobernador descartarlo de forma inmediata.
El director de la entidad comunitaria de Adjuntas y receptor en 2002 del premio Goldman por su gesta ambiental, dijo que “estamos en un punto del gasoducto que es inverosímil, pues está probado y fue reconocido por la propia Eco-Eléctrica que no existe la capacidad instalada para suplirle al tubo el gas necesario para las unidades generatrices en el norte”.
“Este poyecto representa un acto claramente de despilfarro de fondos públicos a sabiendas de que el proyecto está bajo evaluación de agencias federales, donde dos de ellas (EPA/FWS) recomiendan se deniegue el permiso y donde no hay posibilidad de aprobarse principalmente ante el rechazo de las comunidades y el pueblo de Puerto Rico”, dijo Massol González, quien sentenció que “todo lo anterior representa un acto monumental de corrupción con conocimiento de causa”.
“Emplazamos al Contralor, a la Cámara y al Senado a iniciar una investigación sobre los antecedentes y el manejo de Vía Verde y a las entidades pertinentes, a iniciar un proceso de investigación criminal sobre los responsables de malversar sobre $22 millones del pueblo de Puerto Rico, incluyendo millones de dólares en bonos garantizados por el Gobierno Federal”, concluyó Massol González. 